Daily Archives: 28 April 2017

Empresas que espían a sus empleados: ¿dónde está el límite?

El derecho al secreto de las comunicaciones y a la privacidad no siempre es suficiente para impedir que un empresario no pueda controlar la actividad de sus trabajadores para evitar abusos o robos.

Las relaciones entre jefe y empleado no siempre son fáciles, pero esto no es razón suficiente para que ni uno ni otro puedan sobrepasar los límites que marca no sólo el contrato de trabajo que les une, sino la propia Constitución.

El despido de un empleado suele ser el momento más tenso de una relación laboral. Demostrar las razones por las que ha decidido finiquitar el contrato, cuando las hay, no suele ser fácil. Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden facilitar esta tarea, siempre y cuando el empresario cumpla ciertos requisitos para que, por un lado, no exista un abuso y, por otro, los derechos del trabajador no sean violados.

En este sentido, los tribunales coinciden en la necesidad de proporcionalidad entre las medidas tomadas por el empresario en virtud del poder disciplinario que le permite imponer a sus trabajadores determinadas sanciones por las faltas cometidas durante la jornada laboral, entre las que se incluye el despido en los casos más graves.

Asimismo, la jurisprudencia también es firme en que los medios que decida utilizar el empleado sean adecuados a su fin, es decir, si, por ejemplo, vigila los correos electrónicos de un trabajador, esto tiene que ser con el único objetivo de comprobar que efectivamente está cumpliendo con las obligaciones que derivan de su contrato.

En cuanto a la videovigilancia, el empresario está obligado a informar a los trabajadores de la instalación de dichas cámaras en lugares en los que no se atente a su derecho a la intimidad, como podrían ser los servicios. Sin embargo, esta comunicación puede ser generalizada, como estima el Tribunal Constitucional, que también ha señalado que no es necesario recabar el consentimiento de la plantilla para su montaje.

Avisar al comité es suficiente

El Tribunal Supremo ha amparado a una compañía que decidió poner cámaras de videovigilancia en diversos lugares visibles de los almacenes para descubrir quién robaba material, una decisión que sólo se comunicó al comité de empresa. Para que la medida tuviera éxito, solicitó a los representantes de los trabajadores que no informaran a la plantilla, aunque la propia sentencia apuntaba que, a pesar de ello, en el juicio se evidenció que tenían conocimiento del hecho.

El Alto Tribunal confirmaba así el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que determinó que la colocación de las cámaras respetaba los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Los ‘e-mails’ leídos no están protegidos

La sala de lo penal del Tribunal Supremo recordó en una sentencia de 2014 que, para no violar el secreto de las comunicaciones, es imprescindible contar con la autorización judicial para intervenir en un medio de comunicación. El fallo del Alto Tribunal, sin embargo, dio un importante matiz, ya que mantiene que el artículo 18.3 de la Constitución no protege los mensajes, sino los medios de comunicación propiamente dichos.

Por este motivo, las garantías constitucionales no limitan ni condicionan la actividad de control empresarial que consista en analizar y obtener pruebas de los e-mails una vez recibidos y abiertos por su destinatario, los datos de tráfico (fechas, líneas utilizadas, duración, etcétera) o el historial de páginas vistas en el ordenador.

El móvil como justificante

Un tribunal de Tarragona admitió en 2007 las grabaciones que hizo una directora de recursos humanos con su teléfono móvil personal y sin consentimiento de un empleado que estaba chantajeando a la empresa para cobrar una indemnización que, supuestamente, no le correspondía. Eso sí, el hecho de que el aparato fuera personal y para que se considerara un “soporte probatorio de total validez” obligó a que la tarjeta de memoria fuera depositada ante notario y a que un experto independiente plasmara las conversaciones de la cinta en un informe.

Pero el móvil personal también puede ser un arma defensiva de los trabajadores; el Supremo confirmó que grabar al jefe mientras entrega una carta de despido o una sanción no atenta contra su intimidad.

Cartel de ‘Zona videovigilada’

El Tribunal Constitucional estimó, en marzo de 2016, que la instalación en la entrada de un comercio de un cartel con el lema de ‘Zona videovigilada’, regulado por la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, cumple con la obligación de informar al trabajador de la instalación de dichos sistemas.

En este sentido, el fallo indica que la obligación de una empresa es informar de su instalación, aunque sea de forma genérica, e insiste en que no requiere el consentimiento de los trabajadores, ya que éste se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que supone el reconocimiento del poder de dirección del empresario, siempre que haya proporcionalidad.

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/04/12/58ee59c422601dfd458b45a5.html

En los litigios por embarazo de riesgo, la carga de la prueba recae en la empresa

La realización de forma inadecuada de la evaluación del riesgo del embarazo tendrá la consideración de discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, en los litigios en que la empleada demandante lo alegue, se invierte la carga de la prueba y será la empresa la que deba probar que se hizo de forma correcta. Así lo determinan unas conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) publicadas ayer.

En el litigio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó la prestación solicitada por una enfermera del servicio de urgencias de un hospital coruñés que, en situación de embarazo, había solicitado la declaración de riesgo. La resolución se apoyaba en la evaluación que le hizo su propio centro, que declaraba que no existía riesgo en sus tareas.

En su demanda ante un juzgado de lo Social, la trabajadora aportó un escrito de la jefa de la unidad de urgencias en el que declaraba lo contrario: que el puesto, por los turnos, la labor física y los agentes a los que se exponía, implicaba riesgo para la madre y su hijo.

El juzgado rechazó la demanda, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, tras analizar el recurso, decidió plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Dos Directivas

Según la abogada general Sharpston, el asunto debe ser analizado a la luz de la Directiva 92/82, de medidas para la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, y la Directiva 2006/54, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo.

En primer lugar, la jurista determina que el tribunal nacional tiene la obligación de comprobar por sí mismo, si la evaluación realizada por el hospital cumple los requisitos del artículo 4.1 de la Directiva 92/85, no pudiendo omitir, en este caso, que existen pruebas que la cuestionan -el informe de la jefa de urgencias-.

A ello hay que añadir que, de acuerdo con la Directiva 2006/54, el TJUE ha reconocido la legitimidad de “la protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y después del mismo, y de la protección de las particulares relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, por otra”.

En ese sentido, Sharpston considera que la realización incorrecta de la evaluación de riesgo del embarazo debe considerarse un trato “menos favorable”, de acuerdo con el concepto de discriminación por razón de sexo. Dicho trato desfavorable, en consecuencia, constituye una discriminación directa por razón de sexo que invierte la carga de la prueba.

En estos supuestos, explica la abogada general, la demandante tiene un deber inicial de probar “de manera verosímil” que se ha aplicado de manera incorrecta el artículo 4.1 de la Directiva 98/82 -lo que en este caso se ha cumplido con el informe de la jefa de urgencias-. Una vez cumplido este requisito, la carga de la prueba del litigio principal se traslada a la parte demandada.

“No puede exigirse a la mujer afectada que lleve a cabo su propia evaluación detallada de riesgos para refutar la evaluación de su empleador de un modo que no deje lugar a dudas”, razona, porque no tiene el mismo acceso que la empresa a los especialistas necesarios y ello le privaría de la protección de la Directiva 92/85. En este sentido, concluye, se dan las condiciones para la aplicación del artículo 19 de la Directiva 2006/54 que impone la inversión de la carga de la prueba.

Fuente: http://www.eleconomista.es/laboral/noticias/8279370/04/17/En-los-embarazos-de-riesgo-la-prueba-recae-en-la-empresa.html

Renta 2016: Hacienda destacará en el borrador los datos que desconoce de los contribuyentes

La aplicación Renta Web, que sustituye al Programa Padre figurarán como pendientes los datos de los que la Agencia Tributaria no dispone información y que debe cumplimentar el contribuyente. Suelen referirse a las transmisiones patrimoniales, venta de inmuebles o rendimientos de actividades profesionales. l Especial de la Renta 2016

Ya es posible realizar la declaración de la Renta por Internet. El plazo comenzó ayer y, tan solo a las 10 de la mañana ya se habían presentado 143.200 declaraciones, lo que representa un incremento del 65% con respecto a la Campaña de 2015 y se estaban realizando 650 declaraciones por minuto, según los datos ofrecidos por el director de Gestión de la Agencia Tributaria (Aeat), Rufino de la Rosa.

La principal novedad de este año es la desaparición del Programa Padre y su sustitución por una aplicación informática, bautizada como Renta Web, que permite corregir los datos del borrador enviado por Hacienda e incluir otros de los que la Aeat no dispone a la hora de realizar la declaración.

Una novedad muy destacable de esta aplicación es que en el cuadro resumen de resultados figurarán como pendientes ciertos datos de los cuales la Agencia no dispone de información para ofrecer un traslado directo y que deben ser cumplimentados por el contribuyente, como, por ejemplo, los referidos a transmisiones patrimoniales, rendimientos de actividades profesionales, ventas de activos financieros o módulos agrícolas.

Actualización de datos

La Plataforma informará también al contribuyente si, tras una primera sesión abierta previamente, cuenta con información nueva, para que decida si quiere crear una nueva propuesta de declaración e, igualmente, permitirá, a través del resumen de la declaración, comparar en las unidades familiares cuál es la opción más ventajosa, si es la individual o es la conjunta.

A este respecto, cabe señalar que el número de declaraciones conjuntas está en franco decrecimento. Para esta campaña, las previsiones de la Aeat hablan de un total de 3,9 millones de declaraciones conjuntas, lo que supone un 2,7% menos que en 2015, frente a 15,9 millones de declaraciones individuales, un 2% más.

Como el año anterior, si el contribuyente opta por imprimir la propuesta de declaración para su entrega en papel en oficinas de la Agencia o entidades colaboradoras, y dado que la impresión se hará con conexión a Internet, el contenido de la declaración quedará registrado al momento en el servidor de la Agencia Tributaria, por lo que sólo será necesario, para completar la presentación, entregar en la entidad colaboradora u oficina de la Agencia el documento de ingreso y devolución, en lugar de la declaración completa.

No obstante, el contribuyente que quiera obtener antes de la presentación una copia con los resultados, podrá hacerlo desde la pestaña vista previa de Renta Web.

Llamadas de la Aeat

También como novedad este año, la Agencia Tributaria va a establecer un plan piloto para la confección de un número reducido de declaraciones a partir de llamadas que realizará la propia Aeat a contribuyentes en supuestos en los que, en un determinado momento y ciertos perfiles de declaraciones más sencillas, no existan citas disponibles para la atención presencial.

El contribuyente con un perfil sencillo, al solicitar su cita previa por Internet para la atención presencial y, cuando no existan citas abiertas disponibles para el día solicitado, podrá encontrarse con la opción de ser contactado telefónicamente por la Agencia para la confección de su declaración.

En tal caso, deberá aportar a través de la web un teléfono de contacto y seleccionar un día o tramo horario en el que desee que la Agencia se ponga en contacto con él.

Fuente: http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8276229/04/17/Hacienda-destacara-los-datos-de-la-Renta-cuya-cuantia-desconoce.html