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La multirreincidencia en los delitos leves de hurto

La multirreincidencia en los delitos leves de hurto

Ciertamente el delito del hurto es contemplado desde una óptica más benévola en la medida en que se trata de un delito patrimonial, pero caracterizado por la utilización de medios o formas carentes del empleo de la fuerza sobre las cosas o la violencia o intimidación, que si se encuentran presentes en los delitos de robo.

Se define el hurto como la sustracción de una cosa mueble sin la voluntad de su dueño en el artículo 234 del C. Penal. La barrera penológica en el delito de hurto para su calificación como leve (antigua falta) o no, se establece a partir de límites cuantitativos: 400 euros. Así se recoge el tipo básico en el artículo 234-1 del C. Penal con una pena de 6 meses hasta 18 meses de pena privativa de libertad y un tipo atenuado, como sería el delito leve de hurto, en el segundo apartado, en el que la pena oscila entre 1 y 3 meses de multa. Pero debemos de destacar que el propio apartado segundo, plantea una excepción a la calificación como “delito leve” dado que aun no superando el límite cuantitativo de los 400 euros, concurran circunstancias “excepcionales”, contempladas en el artículo 235 que reconducirían la calificación penal a un hurto agravado con penas de 1 a 3 años de pena privativa de libertad.

Es difícil imaginarse que  en un hurto por valor inferior a 400 euros pueda compatibilizarse con algunas de las circunstancias excepcionales del artículo 235 del C. Penal, tales como cosas de valor artístico, histórico, cultural o científicocosas de primera necesidad  y otras condiciones similares con relación a conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicacionesproductos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas; revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración;  o que ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. Pero por otro lado, nos encontramos con las circunstancias contempladas en los ordinales 7º al 9º, que contemplan una situación de reincidencia, uso de menores de 16 años para la comisión del delito y realización del delito en el marco de una organización o grupo criminal. La circunstancia contemplada en el ordinal 7º es claramente significativa por la habitualidad con la que se puede producir en el ilícito penal de hurto y ha sido objeto de una  intensa controversia en el marco de una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de fecha 28 de junio de 2017, con posiciones enfrentadas a través de los correspondientes votos particulares de algunos magistrados.

En el contexto de los delitos leves de hurto se estaba dando la circunstancia de la aplicación de la agravación del artículo 235-7 del C. Penal, (“7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.”) y con la concurrencia de un mínimo de tres condenas anteriores,  ante un cuarto episodio por delito leve, la calificación penal se veía agravada pasando de una pena máxima de tres meses de multa a una pena privativa de libertad que podía alcanzar hasta los tres  años.

Esta especial y espinosa situación jurídica fue el objeto de análisis en la sentencia del Tribunal Supremo. En el caso debatido en el Juzgado de lo Penal, había sido condenado en la modalidad de hurto agravado ( art. 235-7 del C. Penal), mientras que en la sentencia de la Audiencia Provincial (recaída en la apelación), dicha condena era objeto de revocación y se le condenaba por un delito de hurto del artículo 234-1 ( en grado de tentativa), sin aplicarle el tipo atenuado (dado que el valor de lo sustraído no supera los 400 euros, lo que no resultaba comprensible en dicho aspecto) y tampoco la agravación del artículo 235-7 del C. Penal, por la concurrencia de cinco condenas por delito leve de hurto y una por delito de hurto. La sentencia de la Audiencia Provincial fue objeto de recurso por parte del Ministerio Fiscal en el sentido de solicitar una condena agravada por la aplicación del artículo 235-7 del C. Penal.

El Tribunal en su fundamentación jurídica manifiesta con relación a una cuestión tan esencial como el principio de proporcionalidad de la pena: “Así lo ha establecido de forma clara el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia ya reseñada 150/1991, de 4 de julio. En ella especificó que « el juicio sobre la proporcionalidad de la pena, tanto en lo que se refiere a la previsión general en relación con los hechos punibles como a su determinación en concreto en atención a los criterios y reglas que se estimen pertinentes, es competencia del legislador en el ámbito de su política criminal, siempre y cuando no exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la justicia, la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad penal derivado de ella ( STC 65/1986 , antes citada)  … ” En el marco de la proporcionalidad y el sentido común que debe de prevalecer en la fijación de la pena en el ámbito jurídico penal, se valora en la resolución  la clara necesidad de una interpretación adecuada a la forma en que se estructura la reincidencia y la multirreincidencia en el C. Penal: “1. Partiendo de las orientaciones y parámetros que se han expuesto en los fundamentos precedentes, y centrados ya en la interpretación de los arts. 234 y 235 del C. Penal, conviene comenzar diciendo que el Ministerio Fiscal plantea su recurso obviando el tratamiento sistemático de la multirreincidencia en el Código Penal después de la última reforma. De modo que centra sus criterios interpretativos únicamente en los arts. 234 y 235 del C. Penal sin ponerlos en relación con el concepto de reincidencia que acoge en la agravante del art. 22.8º del C. Penal , ni tampoco con las reglas de medición de la pena que prevé el art. 66 del texto legal. El art. 22.8º establece que « Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código , siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves ». Pues bien, si ése es el concepto de reincidencia y en él se excluye el cómputo de los delitos leves para apreciarla, no parece razonable hablar de multirreincidencia excluyendo el concepto básico de la parte general del Código de lo que debe entenderse por reincidencia. Si el legislador parte del principio general previo de que la escasa entidad de ilicitud que albergan los delitos leves impide que operen para incrementar las condenas del resto de los delitos, no parece coherente abandonar esa delimitación del concepto de reincidencia que se formula en la parte general del Código para exasperar la pena de un delito leve hasta el punto de convertirlo en un tipo penal hiperagravado ( art. 235.1.7º), saltándose incluso el tipo penal intermedio o básico previsto en el art. 234.1 del C. Penal . Esa interpretación conduce a considerar que lo que ni siquiera opera en delitos graves como mera agravante sí opera en delitos nimios de forma hiperagravada, exacerbando la pena de multa hasta una posible privación de libertad de tres años de prisión. Es cierto que en el art. 66.1.5ª del C. Penal también se prevé una agravante de multirreincidencia de forma genérica, al disponer el precepto que « Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo ». Sin embargo, esta norma presenta un grado de discrecionalidad en su aplicación muy importante, y además la exacerbación de la pena no tiene nada que ver con el salto cualitativo que se produce en el art. 234 si se interpreta en el sentido que postula el recurso de la acusación pública.” Así, la situación ha venido a “reconducirse jurídicamente” para resolver una problemática en el marco de la individualización de la pena en el delito de hurto y las posibles situaciones de multirreincidencia, entendiéndose no computables a los efectos del tipo agravado del art. 235-7 del C. Penal, las condenas por delitos leves, cuando ni tan siquiera son tenidas en consideración con la agravante de reincidencia básica del artículo 22-8 del C. Penal, que sería el primer peldaño de la agravación en la individualización de la pena a tomar en consideración.

Si bien, a sensu contrario, la sentencia del Tribunal Supremo mantiene el correspondiente voto discrepante, valorando con relación a la  aludida proporcionalidad de la pena que: “En todo caso, el Tribunal Constitucional ha expresado que el juicio de proporcionalidad respecto a la cantidad y calidad de la pena, en relación con el tipo de comportamiento incriminado, es potestad exclusiva del legislador, al configurar los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo. Añade que esta potestad del legislador goza de un amplio margen de libertad, pues deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática.” Y las justificaciones tenidas en cuentas por el Legislador para la adopción de dicho supuesto con un plus de agravación mayor en estos casos: “… Es la lucha contra esta realidad delincuencial, la que lleva al legislador a diferenciar estas conductas de las contempladas en el artículo 234.2 del Código Penal , constituyéndose como un interés legítimo de la política criminal del Estado. Y es la irrelevancia que tiene el importe de lo sustraído en cada una de las diferentes acciones, cuando se contempla desde una unidad de propósito de aprovecharse del patrimonio de terceros, lo que hace que en el artículo 235.1.7 se contemple idéntica pena, para la reiteración de delitos del artículo 234.1 o del artículo 234.2 del Código Penal . A ello se añaden razones de pura prevención especial, pues la multa inicialmente prevista en el artículo 234.2 del Código Penal, se demuestra empíricamente ineficaz cuando un mismo individuo aborda estos comportamientos de manera tan frecuente, que -en el corto periodo de tiempo que discurre antes de que los antecedentes penales puedan estar cancelados- resulte condenado por los tres delitos de hurto que el tipo agravado exige y haya de enfrentarse de nuevo a la misma responsabilidad.”, pero ambas posiciones no parecen ofrecer una solución al problema de la multirreincidencia en el delito de hurto leve, siendo razonable a lo mejor, una combinación de penas de TBC y de aplicación de medidas (art. 57 y 48 del C.P) de alejamiento de los lugares habituales de reiteración delictiva, como ya se ha hecho en algunas ocasiones, lugares como el metro, supermercados, etc.

Fuente: www.legaltoday.com

Último día para presentar la declaración de la renta en Hacienda

Ultimo día para presentar la declaración de la renta en Hacienda

Este año ha sido el primero en el que los contribuyentes no han podido contar con la ayuda del programa Padre, que les ha acompañado durante las últimas tres décadas

La declaración de la Renta correspondiente al año 2016 llega hoy a su último día. Todos los contribuyentes residentes en España están obligados a presentar la declaración o, en su defecto, el borrador, salvo aquellos que en 2016 obtuvieran rentas del trabajo iguales o inferiores a 22.000 euros.

El límite baja hasta los 12.000 anuales cuando haya más de un pagador y los ingresos obtenidos por el segundo y los siguientes superen los 1.500. También estarán exentos los contribuyentes que hayan percibido rentas del capital mobiliario y ganancias patrimoniales inferiores a 1.600 euros, entre otras tantas excepciones.

Las rentas del ahorro tributan menos

Los tipos impositivos que gravaron las rentas del ahorro de 2016 se redujeron gracias a la reforma fiscal aprobada en 2014. De esta manera, las rentas obtenidas el pasado año provenientes de cuentas corrientes, depósitos, acciones o fondos de inversión tributan medio punto porcentual por debajo de como lo hacían un año antes.  Concretamente, los rendimientos de hasta 6.000 euros tributan al 19 %; los siguientes 44.000 euros, al 21 %; y las ganancias que superen los 50.000 euros, al 23 %.

Bajan los tipos que gravan el trabajo

La escala que grava la renta general, que afecta a los rendimientos del trabajo, también ha sufrido cambios. El IRPF se ha reducido entre medio punto y un punto porcentual, en función de los tramos. Además, también han variado las cantidades de cada uno de dichos tramos. Los tipos totales del IRPF a tener en cuenta para la declaración de la renta que se presenta este año son los siguientes: 19 % hasta 12.450 euros; 24 % desde 12.450 hasta 20.200; 30 % desde 20.200 hasta 35.200; 37 % desde 35.200 hasta 60.000; y 45 % a partir de 60.000.

Donar dinero a una ONG tendrá más beneficios fiscales

Por segundo año consecutivo las deducciones por realizar donativos a entidades sin fines lucrativos se amplían. Los contribuyentes podrán desgravarse de la cuota íntegra del IRPF el 75 % de los primeros 150 euros de los donativos a favor de las entidades enumeradas en la Ley 49/2002 (asociaciones sin ánimo de lucro, universidades públicas, organismos públicos de investigación, etc.). De las cantidades que superen la cifra anterior se podrá desgravar el 30 %, salvo si se han realizado aportaciones a favor de la misma entidad por importe igual o superior durante tres años consecutivos. En ese caso la desgravación será superior, del 35 %.

Se podrá rectificar la renta desde la propia declaración

No todas las novedades implantadas este año afectan al bolsillo del contribuyente, otras están encaminadas a simplificar los procesos. Los contribuyentes que presenten su declaración este año y que luego detecten que han cometido un error podrán solicitar la rectificación desde la propia declaración. Como novedad este año, se ha incorporado un apartado específico en el programa Renta Web para solicitar la rectificación de la autoliquidación del impuesto.

No obstante, esta opción solo está disponible cuando el contribuyente ha cometido errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso, tal y como se especifica en la Orden HFP/255/2017. En cualquier caso, hay algunas novedades más. Por ejemplo, para la renta de este año se ha aumentado del 10 al 15 % el límite para compensar el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario con el saldo negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales y viceversa.

¿Firmaste una hipoteca antes de 2013? Hacienda puede devolverte más de 1.000 euros

Esta desgravación del 15 % sólo se aplica hasta 9.040 euros del pago anual del préstamo hipotecario

Los hipotecados que contrataran la financiación antes de del 1 de enero de 2013 pueden desgravar hasta el 15 % del pago anual de la hipoteca. El importe máximo sobre el que se puede aplicar esta desgravación es de 9.040 euros, de modo que la deducción máxima que se puede conseguir es de 1.356 euros.

Esta desgravación del 15 % sólo se aplica hasta 9.040 euros del pago anual del préstamo hipotecario. Es decir, si una familia tiene una hipoteca con cuotas mensuales de 1.000 euros, el importe anual del crédito es de 12.000 euros, pero la desgravación sólo se aplicará a 9.040 euros.

Sin embargo, los consumidores que tienen hipotecas cuyo importe anual no alcanza los 9.040 euros pueden amortizar anticipadamente cuota para alcanzar la deducción máxima.

Por ejemplo, una familia con una hipoteca firmada antes de 2013, que tenga cuotas mensuales de 500 euros o lo que es lo mismo 6.000 euros al año, la deducción que puede conseguir es de 900 euros.  Para obtener los 1.356 euros, que es la deducción de IRPF máxima que se puede alcanzar, la solución sería amortizar anticipadamente 3.040 euros a lo largo del año. De esta forma el pago anual del préstamo hipotecario llegaría a los 9.040 euros y, ahora sí, la deducción máxima podría conseguirse.

Amortizar la hipoteca también sirve para ahorrar intereses

Amortizar la deuda hipotecaria de forma anticipada suele ser bueno, además de ayudarnos a conseguir una deducción en el IRPF, también nos permite ahorrar intereses y, por lo tanto, reducir el coste de la financiación.

Existen dos modelos de amortización anticipada, amortización de cuota y amortización de plazo. Con las dos opciones conseguiremos ahorrar, pero con la amortización de plazo obtendremos un mayor beneficio.

Por ejemplo una hipoteca con un capital pendiente de 130.000 euros, un plazo de 20 años y un interés del 2 % genera cuotas de 657,65 euros, lo que eleva el importe de la financiación a 157.836 euros. Es decir, los 130.000 euros de la hipoteca generan unos intereses de 27.836 euros. Sin embargo, si amortizamos anticipadamente, por ejemplo, 2.000 euros en cuota o plazo el coste de los intereses se reducirá.

Si amortizamos 2.000 euros en plazo las cuotas seguirán siendo de 657,65 euros, pero el plazo de la hipoteca se reducirá y el coste descenderá a 154.861 euros. El capital a amortizar sería ahora de 128.000 euros y los intereses que generaría el préstamo hipotecario serían de 26.861 euros, lo que significa un ahorro de 975 euros.

Si, por el contrario, amortizamos 2.000 euros en cuotas, los pagos mensuales se reducirán a 647,65 euros (10 euros menos), el plazo se mantendrá invariable y los intereses de la financiación se reducirán en 429 euros..Amortizar siempre supone un ahorro, por lo que si disponemos de unos ingresos extra, esta operación puede salirnos rentable.

Fuente: http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/firmaste-hipoteca-antes-2013-hacienda-puede-devolverte-mas-1000-euros/201706050708181078548.html

Condenada a pagar 90 euros por amenazar a su cuñado en el estado de WhatsApp

La Sección número 5 de la Audiencia Provincial ha condenado a una mujer a pagar 90 euros de multa y le prohíbe acercarse durante dos meses a su cuñado por haberle amenazado mediante frases escritas en la casilla que indica el estado de su perfil de WhatsApp.

Los hechos se remontan a los días comprendidos entre el 18 y el 20 de agosto de 2015, cuando la acusada amenazó a través de la aplicación de WhatsApp de su teléfono móvil a su cuñado, con el que mantenía una mala relación a raíz de un accidente de tráfico en el que resultó herida su hermana.

En concreto, la acusada incorporó una serie de ‘estados’ dirigidos a su cuñado con frases en las que se leía textualmente, por ejemplo, “no sabes donde te estás metiendo”, entre otros insultos.

Según la Sala, se trata de frases que, a la vista de los documentos aportados a la causa, “van dirigidos directamente al denunciante”. Asimismo, constan llamadas continuas de teléfono de la denunciada al teléfono del denunciante, según la sentencia.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cartagena condenó al acusado en primera instancia a pagar una multa de 90 euros como autora de un delito leve de amenazas; y a la pena de cinco días de localización permanente como autora de un delito leve de injurias.

Además, el Juzgado le prohibió acercarse o aproximarse a su cuñado a menos de 200 metros, comunicarse directa o indirectamente con él por cualquier medio, y que los ‘estados’ de su perfil de WhatsApp incluyeran frases dirigidas directamente a su cuñado.

Sin embargo, la condenada presentó un recurso de apelación cuestionando la valoración de la prueba, la tipicidad de las injurias y el carácter amenazador de las expresiones imputadas.

Con respecto a la valoración de la prueba, la Sala considera que teniendo en cuenta el contenido objetivo de los WhatsApp y las declaraciones de los intervinientes, “se estima racional el relato de hechos probados y se debe respetar”.

Sin embargo, la Sala sostiene que debe tenerse en cuenta que Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal entró en vigor el día 1 de julio de 2015, y derogó el título referido a “las faltas y sus penas”, quedando por ello actualmente despenalizada la conducta consistente en injurias leves.

En cambio, la Audiencia considera que la expresión “no sabes donde te estás metiendo” tiene el suficiente contenido amedrentador para su inclusión en el tipo del Código Penal del delito leve de amenazas.

Por todo ello, la Sala estimó el recurso de apelación y revocó parcialmente la sentencia, dejando sin efecto la condena por el delito leve de injurias, confirmando la condena por amenazas que le obligaba a pagar 90 euros de multa y limitando temporalmente la prohibición de aproximación y comunicación al tiempo de dos meses.

Fuente: http://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/02/589374c8268e3e044d8b471b.html

Empresas que espían a sus empleados: ¿dónde está el límite?

El derecho al secreto de las comunicaciones y a la privacidad no siempre es suficiente para impedir que un empresario no pueda controlar la actividad de sus trabajadores para evitar abusos o robos.

Las relaciones entre jefe y empleado no siempre son fáciles, pero esto no es razón suficiente para que ni uno ni otro puedan sobrepasar los límites que marca no sólo el contrato de trabajo que les une, sino la propia Constitución.

El despido de un empleado suele ser el momento más tenso de una relación laboral. Demostrar las razones por las que ha decidido finiquitar el contrato, cuando las hay, no suele ser fácil. Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden facilitar esta tarea, siempre y cuando el empresario cumpla ciertos requisitos para que, por un lado, no exista un abuso y, por otro, los derechos del trabajador no sean violados.

En este sentido, los tribunales coinciden en la necesidad de proporcionalidad entre las medidas tomadas por el empresario en virtud del poder disciplinario que le permite imponer a sus trabajadores determinadas sanciones por las faltas cometidas durante la jornada laboral, entre las que se incluye el despido en los casos más graves.

Asimismo, la jurisprudencia también es firme en que los medios que decida utilizar el empleado sean adecuados a su fin, es decir, si, por ejemplo, vigila los correos electrónicos de un trabajador, esto tiene que ser con el único objetivo de comprobar que efectivamente está cumpliendo con las obligaciones que derivan de su contrato.

En cuanto a la videovigilancia, el empresario está obligado a informar a los trabajadores de la instalación de dichas cámaras en lugares en los que no se atente a su derecho a la intimidad, como podrían ser los servicios. Sin embargo, esta comunicación puede ser generalizada, como estima el Tribunal Constitucional, que también ha señalado que no es necesario recabar el consentimiento de la plantilla para su montaje.

Avisar al comité es suficiente

El Tribunal Supremo ha amparado a una compañía que decidió poner cámaras de videovigilancia en diversos lugares visibles de los almacenes para descubrir quién robaba material, una decisión que sólo se comunicó al comité de empresa. Para que la medida tuviera éxito, solicitó a los representantes de los trabajadores que no informaran a la plantilla, aunque la propia sentencia apuntaba que, a pesar de ello, en el juicio se evidenció que tenían conocimiento del hecho.

El Alto Tribunal confirmaba así el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que determinó que la colocación de las cámaras respetaba los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Los ‘e-mails’ leídos no están protegidos

La sala de lo penal del Tribunal Supremo recordó en una sentencia de 2014 que, para no violar el secreto de las comunicaciones, es imprescindible contar con la autorización judicial para intervenir en un medio de comunicación. El fallo del Alto Tribunal, sin embargo, dio un importante matiz, ya que mantiene que el artículo 18.3 de la Constitución no protege los mensajes, sino los medios de comunicación propiamente dichos.

Por este motivo, las garantías constitucionales no limitan ni condicionan la actividad de control empresarial que consista en analizar y obtener pruebas de los e-mails una vez recibidos y abiertos por su destinatario, los datos de tráfico (fechas, líneas utilizadas, duración, etcétera) o el historial de páginas vistas en el ordenador.

El móvil como justificante

Un tribunal de Tarragona admitió en 2007 las grabaciones que hizo una directora de recursos humanos con su teléfono móvil personal y sin consentimiento de un empleado que estaba chantajeando a la empresa para cobrar una indemnización que, supuestamente, no le correspondía. Eso sí, el hecho de que el aparato fuera personal y para que se considerara un “soporte probatorio de total validez” obligó a que la tarjeta de memoria fuera depositada ante notario y a que un experto independiente plasmara las conversaciones de la cinta en un informe.

Pero el móvil personal también puede ser un arma defensiva de los trabajadores; el Supremo confirmó que grabar al jefe mientras entrega una carta de despido o una sanción no atenta contra su intimidad.

Cartel de ‘Zona videovigilada’

El Tribunal Constitucional estimó, en marzo de 2016, que la instalación en la entrada de un comercio de un cartel con el lema de ‘Zona videovigilada’, regulado por la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, cumple con la obligación de informar al trabajador de la instalación de dichos sistemas.

En este sentido, el fallo indica que la obligación de una empresa es informar de su instalación, aunque sea de forma genérica, e insiste en que no requiere el consentimiento de los trabajadores, ya que éste se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que supone el reconocimiento del poder de dirección del empresario, siempre que haya proporcionalidad.

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/04/12/58ee59c422601dfd458b45a5.html

En los litigios por embarazo de riesgo, la carga de la prueba recae en la empresa

La realización de forma inadecuada de la evaluación del riesgo del embarazo tendrá la consideración de discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, en los litigios en que la empleada demandante lo alegue, se invierte la carga de la prueba y será la empresa la que deba probar que se hizo de forma correcta. Así lo determinan unas conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) publicadas ayer.

En el litigio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó la prestación solicitada por una enfermera del servicio de urgencias de un hospital coruñés que, en situación de embarazo, había solicitado la declaración de riesgo. La resolución se apoyaba en la evaluación que le hizo su propio centro, que declaraba que no existía riesgo en sus tareas.

En su demanda ante un juzgado de lo Social, la trabajadora aportó un escrito de la jefa de la unidad de urgencias en el que declaraba lo contrario: que el puesto, por los turnos, la labor física y los agentes a los que se exponía, implicaba riesgo para la madre y su hijo.

El juzgado rechazó la demanda, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, tras analizar el recurso, decidió plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Dos Directivas

Según la abogada general Sharpston, el asunto debe ser analizado a la luz de la Directiva 92/82, de medidas para la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, y la Directiva 2006/54, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo.

En primer lugar, la jurista determina que el tribunal nacional tiene la obligación de comprobar por sí mismo, si la evaluación realizada por el hospital cumple los requisitos del artículo 4.1 de la Directiva 92/85, no pudiendo omitir, en este caso, que existen pruebas que la cuestionan -el informe de la jefa de urgencias-.

A ello hay que añadir que, de acuerdo con la Directiva 2006/54, el TJUE ha reconocido la legitimidad de “la protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y después del mismo, y de la protección de las particulares relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, por otra”.

En ese sentido, Sharpston considera que la realización incorrecta de la evaluación de riesgo del embarazo debe considerarse un trato “menos favorable”, de acuerdo con el concepto de discriminación por razón de sexo. Dicho trato desfavorable, en consecuencia, constituye una discriminación directa por razón de sexo que invierte la carga de la prueba.

En estos supuestos, explica la abogada general, la demandante tiene un deber inicial de probar “de manera verosímil” que se ha aplicado de manera incorrecta el artículo 4.1 de la Directiva 98/82 -lo que en este caso se ha cumplido con el informe de la jefa de urgencias-. Una vez cumplido este requisito, la carga de la prueba del litigio principal se traslada a la parte demandada.

“No puede exigirse a la mujer afectada que lleve a cabo su propia evaluación detallada de riesgos para refutar la evaluación de su empleador de un modo que no deje lugar a dudas”, razona, porque no tiene el mismo acceso que la empresa a los especialistas necesarios y ello le privaría de la protección de la Directiva 92/85. En este sentido, concluye, se dan las condiciones para la aplicación del artículo 19 de la Directiva 2006/54 que impone la inversión de la carga de la prueba.

Fuente: http://www.eleconomista.es/laboral/noticias/8279370/04/17/En-los-embarazos-de-riesgo-la-prueba-recae-en-la-empresa.html

Renta 2016: Hacienda destacará en el borrador los datos que desconoce de los contribuyentes

La aplicación Renta Web, que sustituye al Programa Padre figurarán como pendientes los datos de los que la Agencia Tributaria no dispone información y que debe cumplimentar el contribuyente. Suelen referirse a las transmisiones patrimoniales, venta de inmuebles o rendimientos de actividades profesionales. l Especial de la Renta 2016

Ya es posible realizar la declaración de la Renta por Internet. El plazo comenzó ayer y, tan solo a las 10 de la mañana ya se habían presentado 143.200 declaraciones, lo que representa un incremento del 65% con respecto a la Campaña de 2015 y se estaban realizando 650 declaraciones por minuto, según los datos ofrecidos por el director de Gestión de la Agencia Tributaria (Aeat), Rufino de la Rosa.

La principal novedad de este año es la desaparición del Programa Padre y su sustitución por una aplicación informática, bautizada como Renta Web, que permite corregir los datos del borrador enviado por Hacienda e incluir otros de los que la Aeat no dispone a la hora de realizar la declaración.

Una novedad muy destacable de esta aplicación es que en el cuadro resumen de resultados figurarán como pendientes ciertos datos de los cuales la Agencia no dispone de información para ofrecer un traslado directo y que deben ser cumplimentados por el contribuyente, como, por ejemplo, los referidos a transmisiones patrimoniales, rendimientos de actividades profesionales, ventas de activos financieros o módulos agrícolas.

Actualización de datos

La Plataforma informará también al contribuyente si, tras una primera sesión abierta previamente, cuenta con información nueva, para que decida si quiere crear una nueva propuesta de declaración e, igualmente, permitirá, a través del resumen de la declaración, comparar en las unidades familiares cuál es la opción más ventajosa, si es la individual o es la conjunta.

A este respecto, cabe señalar que el número de declaraciones conjuntas está en franco decrecimento. Para esta campaña, las previsiones de la Aeat hablan de un total de 3,9 millones de declaraciones conjuntas, lo que supone un 2,7% menos que en 2015, frente a 15,9 millones de declaraciones individuales, un 2% más.

Como el año anterior, si el contribuyente opta por imprimir la propuesta de declaración para su entrega en papel en oficinas de la Agencia o entidades colaboradoras, y dado que la impresión se hará con conexión a Internet, el contenido de la declaración quedará registrado al momento en el servidor de la Agencia Tributaria, por lo que sólo será necesario, para completar la presentación, entregar en la entidad colaboradora u oficina de la Agencia el documento de ingreso y devolución, en lugar de la declaración completa.

No obstante, el contribuyente que quiera obtener antes de la presentación una copia con los resultados, podrá hacerlo desde la pestaña vista previa de Renta Web.

Llamadas de la Aeat

También como novedad este año, la Agencia Tributaria va a establecer un plan piloto para la confección de un número reducido de declaraciones a partir de llamadas que realizará la propia Aeat a contribuyentes en supuestos en los que, en un determinado momento y ciertos perfiles de declaraciones más sencillas, no existan citas disponibles para la atención presencial.

El contribuyente con un perfil sencillo, al solicitar su cita previa por Internet para la atención presencial y, cuando no existan citas abiertas disponibles para el día solicitado, podrá encontrarse con la opción de ser contactado telefónicamente por la Agencia para la confección de su declaración.

En tal caso, deberá aportar a través de la web un teléfono de contacto y seleccionar un día o tramo horario en el que desee que la Agencia se ponga en contacto con él.

Fuente: http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8276229/04/17/Hacienda-destacara-los-datos-de-la-Renta-cuya-cuantia-desconoce.html

¿Cómo tramitar una reclamación por Incapacidad Temporal?

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El proceso podrá iniciarse a partir de la fecha de emisión del parte de baja médica, y las primeras actuaciones tendrán lugar ante el órgano que dicte la citada resolución.

Según el artículo 6 del RD 1430/2009, de 11 de septiembre:

De oficio– es decir, por propia iniciativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, como consecuencia de petición motivada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del Servicio Público de Salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, o a propuesta del Instituto Social de la Marina-
a instancias del trabajador o de su representante legal.
a instancias de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que les afecten directamente.

Estas solicitudes deben ir acompañadas de toda la documentación necesaria para poder determinar la contingencia, tales como informes y pruebas médicas realizadas.

Posteriormente el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) ha de emitir informe preceptivo, que elevará al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que dicte la resolución que corresponda en el plazo de quince días hábiles desde la aportación de la documentación por las partes interesadas.

La resolución que se dicte ha de determinar:

    – la contingencia,
    – los efectos y
    – los sujetos responsables de las prestaciones económicas y sanitarias.

Según el artículo 71 de la LRJS dicha resolución debe ser comunicada al interesado, a la empresa, a la Mutua y al Servicio Público de Salud.

Cuadro de la página de la Seguridad Social:
incapacidadtemp

Reforma fiscal. IRPF.

Acaba de entrar en vigor la segunda parte de la reforma fiscal, que en el IRPF supone una nueva bajada de hasta un 3% en las retenciones de las nóminas que los contribuyentes empezarán a notar a finales de mes.
‪#‎IRPF‬

Vía http://www.expansion.com/economia/2016/01/03/5689689be2704e7a288b45cd.html

Así quedará su nómina en enero con el nuevo IRPF
Alivio de medio punto para los tipos del ahorro

irpf

POR MERCEDES SERRALLERMADRID
Actualizado: 03/01/201623:09 horas

Acaba de entrar en vigor la segunda parte de la reforma fiscal, que en el IRPF supone una nueva bajada de hasta un 3% en las retenciones de las nóminas que los contribuyentes empezarán a notar a finales de mes.

A pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy adelantó la rebaja prevista para 2016 al pasado julio, que disminuye los tipos entre dos y un punto, en 2015 en realidad se ha retenido sólo medio punto menos, con lo que todavía resta parte de la bajada prevista.

Por ejemplo, los contribuyentes tienen en el nuevo año entre medio punto y un punto menos de retención, lo que supone una rebaja para un soltero sin hijos de entre un 2,19%, tanto con un salario de 25.000 euros como de un millón de euros al año, y una reducción del 3,01% para rentas anuales de 40.000 euros, (ver cuadro adjunto, elaborado por el Consejo General de Economistas Asesores Fiscales Reaf-Regaf).

En el caso de una familia con un solo sueldo y dos hijos, uno de ellos menor de tres años, la rebaja se mueve entre un 1,91% para ingresos de 30.000 euros y un 3,03% para 40.000 euros.

La reducción global de la reforma fiscal para 2015 y 2016 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es de una media del 12,5%, según Hacienda. La Memoria económica que acompaña a la reforma detalla que la rebaja del IRPF tendrá un impacto recaudatorio final de 4.520 millones, frente a los 5.981 millones brutos que prevé el Gobierno.

Esta reducción estaba prevista que fuera de una media del 7,1% en 2015 y del 5,4% en 2016. Al final, el adelanto de la rebaja de 2016 a julio de 2015 ha tenido un efecto de una reducción media de cerca del 9% en 2015, con lo que ahora resta que los contribuyentes disfruten de un nuevo alivio fiscal en la retención del IRPF de sus nóminas de hasta el 3% en 2016.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de julio el Real Decreto-ley que adelantó a julio la rebaja del IRPF prevista para 2016, con una tarifa intermedia entre la que había y la de este año en las retenciones.

Así, se ha retenido en 2015 un tipo mínimo del 19,5% (hasta 12.450 euros de base imponible) y un máximo del 46% (a partir de ingresos de 60.000 euros), frente al 20% y el 47%, respectivamente, fijados en principio en la reforma fiscal para el ejercicio que acaba de terminar.

Los tipos intermedios han sido finalmente del 24,5%, entre 12.450 y 20.200 euros (frente al 25% inicial); del 30,5% hasta 34.000 euros (y no del 31%), y del 38%, hasta 60.000 euros (cuando el previsto era el 39%).

El coste de esta rebaja lo ha asumido por completo el Estado, por lo que las comunidades autónomas no necesitaban aprobar una nueva bajada de la tarifa autonómica.

Pero como el tipo nominal del impuesto es desde julio ya el previsto para 2016, es decir, un marginal mínimo del 19% y un máximo del 45%, esto es, entre medio punto y un punto menos de lo que se ha retenido, en la mayoría de las comunidades autónomas la declaración de la Renta de 2015 que se presentará la próxima primavera va a salir a devolver.

A esto se suma que los tipos de las rentas del ahorro han tenido una rebaja de medio punto desde julio respecto a lo previsto inicialmente para 2015 y que estas plusvalías disfrutan de una reducción de medio punto adicional a partir del presente mes de enero.

Otras novedades en el IRPF para este año atañen a las rentas en especie. Al trabajador le puede interesar pactar con la empresa la sustitución de rentas dinerarias por determinadas rentas en especie que no tributan, como tarjetas de transporte, cheques restaurante o seguros médicos para el trabajador, su cónyuge e hijos.

En 2016 se amplía el límite de los pagos por estas pólizas, de 500 euros/ año a 1.500 euros, si se trata de un discapacitado. Si se tiene la posibilidad de que la empresa le ceda un vehículo, interesará que sea eficiente energéticamente para reducir hasta un 30% esta renta en especie.

Este panorama se mantendrá, previsiblemente, si el PP se mantiene en el Gobierno, ya que el resto de partidos, salvo Ciudadanos, abogan por subir los impuestos. Es el caso de PSOE y Podemos, que se inclinan por elevar la presión fiscal a las rentas altas.

De hecho, en las comunidades en las que gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos desde el pasado 24 de mayo, se están produciendo subidas masivas de impuestos. Es el caso de Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y, probablemente, Castilla-La Mancha.